Acaba de empezar un nuevo año y ya hay 4 víctimas de la violencia machista, una de ellas un menor. Sólo en el mes de enero de 2011, 3 mujeres y el hijo de una de ellas (y de su asesino) han sido asesinadas.
No nos cansaremos de decir que:El maltrato no es cuestión de estatus económico, de lugar de nacimiento, de ideología. Es un problema estructural, que arrastramos en todas las sociedades por la educación machista y androcéntrica que decidió que la mujer era inferior al hombre y como tal se nos sigue tratando: producto de consumo, objeto de compañía, de servicios varios, vendedoras de cualquier elemento y un largo etcétera, que resulta normal para la mayoría de la sociedad.
Por ello seguimos denunciando que,
Las medidas de protección para las víctimas de la violencia de género son aún insuficientes. Ni la orden de alejamiento (en la mayoría de las ocasiones únicamente se prohibe al maltratador acercarse a 200 o como mucho 500 metros de su víctima) ni el resto de las medidas previstas, son suficientes para impedir que los maltratadores, a pesar de haber sido ya denunciados por maltrato, acaben asesinando a su víctima. Son necesarios más medios de protección a las mujeres y más vigilancia a los maltratadores.
Este machismo estructural se manifiesta también en la inaceptable eliminación del Ministerio de Igualdad que dirige a la sociedad, y especialmente a las mujeres, un mensaje de que las políticas de igualdad de género, son políticas tan sólo complementarias. Que igual pueden estar en trabajo, que en asuntos sociales, o que en sanidad. Que es algo accesorio, de lo que se puede prescindir, que no tiene entidad propia suficiente y de que las mujeres pueden ser moneda de cambio.
También la reforma de las pensiones, actualmente a debate, perjudicará doblemente a las mujeres, empobreciéndolas aún más y situando a muchas en el umbral de la pobreza, lo que les hará más vulnerables.
La reforma de las pensiones es, junto a la reducción del gasto público y la reforma laboral, una respuesta más a “los mercados” que exigen el recorte del Estado del Bienestar. Algunas de las medidas propuestas son retrasar de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación, ampliar de 15 a 20 años el periodo de cálculo, modificar la pensión de viudedad y la de orfandad o incentivar los planes privados de pensiones.
Medidas que una vez más, van a sufrir en mayor medida las mujeres.
Más de la mitad, el 51,38 % de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad. El 80,6 % de las personas con contrato a tiempo parcial son mujeres. La tasa de ocupación femenina sigue estando muy por debajo de la masculina. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor, sigue estando por encima del 20 % y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres siguen marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de hijas e hijos y familiares dependientes con las consiguientes “lagunas de cotización”. La pensión media de las mujeres es ahora un 39% más baja que la de los hombres.
Es evidente que el sistema de pensiones tiene un marcado sesgo de género que no se está teniendo en consideración ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni en las iniciativas del Gobierno, ni en las preocupaciones y consideraciones puestas de manifiesto por las organizaciones sindicales.
Las diferencias contributivas son las causantes, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
La propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo incrementará la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen “lagunas de cotización” por la precariedad laboral y la feminización de los trabajos domésticos y de cuidado. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.
La inferioridad de condiciones laborales de las mujeres generadora de la minoración en las pensiones, no es cosa del pasado. Las tasa de cobertura de las mujeres actualmente en situación de desempleo, es 5 puntos inferior a la de los hombres en igual situación. Además, son mayoría entre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales más bajas.
La transformación y/o eliminación de la pensión de viudedad en momentos de crisis, agudizará la desigualdad de las mujeres. Y la puesta en marcha de estas medidas acrecentará la feminización de la pobreza y la extrema vulnerabilidad de un gran número de mujeres.
Prescindir del impacto de género que para las mujeres tendrán los recortes del sistema de pensiones, el alargamiento de los períodos mínimos de cotización y las nuevas imposiciones y requisitos representará una medida que ahondará las desigualdades entre hombres y mujeres.
Es necesario por ello que antes de aprobar ninguna reforma del actual sistema de pensiones, se tenga en cuenta el impacto de género y se corrija cualquier posible desigualdad que implique una mayor vulnerabilidad para las mujeres pensionistas ahora o en el futuro.
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