Entre los efectos profundamente injustos que conlleva la propuesta de reforma del sistema de pensiones públicas español destaca el impacto negativo sobre las mujeres. La propuesta de aumentar la cotización mínima de 15 a 20 años puede aumentar aún más la brecha de la cuantía de las pensiones de las mujeres frente a los hombres, que en la actualidad es un 39% menor. Es así porque las mujeres tienen una participación laboral menor, más precaria y más accidentada como consecuencia de la discriminación que sufren en el mercado de trabajo, de la ausencia de corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados y de la falta de infraestructuras sociales para facilitar la conciliación. Además, las mujeres tienen menos renta y menor capacidad de ahorro para complementar las pensiones públicas con un fondo de pensión privado tal y como se pretende potenciar para satisfacer la demanda de las entidades financieras que son, en realidad, quienes llevan la voz cantante en la reforma y quienes van a beneficiarse de ella.
Por otro lado, la recomendación 17 de la Comisión del Pacto de Toledo titulada “Mujer y protección social” dice abogar por una integración laboral de las mujeres acorde con sus aspiraciones y la configuración de derechos de pensiones propios y no derivados del marido. Pero la realidad es que lo que propone no va a permitir avanzar hacia la igualdad en el empleo y la protección social sino más bien todo lo contrario.
El cobro de pensión de jubilación para las amas de casa o el reconocimiento de periodos cotizados por cuidado de hijos y dependientes propuesto, equivale a perpetuar la división sexual del trabajo. A las mujeres, se les garantiza la supervivencia si sacrifican su formación y se quedan en casa, pero perdiendo el derecho a la pensión de viudedad en caso de divorcio, al tiempo que convirtiéndose en improbable alcanzar los 20 años de cotización necesarios porque el cuidado de los hijos suele prolongarse durante los años de mayor y mejor empleabilidad de las mujeres.
Las medidas que se están proponiendo desincentivan el empleo formal y son una invitación al empleo sumergido que es justamente el peor enemigo del sistema público de pensiones porque no proporciona cotizaciones y porque es un freno a la natalidad.
Y es necesario recordar que en el seno de la UE los países que tienen las tasas de fecundidad más altas son aquellos con mayores tasas de actividad femenina, o que aquí en España, tienen hijos básicamente dos tipos de mujeres, las que mantienen el patrón tradicional de ama de casa, lo que supone un desperdicio de capital humano intolerable dado los niveles educativos de las mujeres, y las que tienen un trabajo estable. Esto es muy importante porque mejorar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado sería una de las vías más seguras y efectivas para mejorar los ingresos del sistema y ayudar a su sostenibilidad.
Si de verdad se quisiera salvar al sistema público de pensiones español no hay que avanzar solo en la reducción del gasto como hace la reforma, sino con estrategias que proporcionen más ingresos y entre las que la igualdad entre hombres y mujeres y la mayor y mejor incorporación de éstas al empleo es uno de sus componentes principales.
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