Rosa Cobo - Profesora Titular de Sociología y Directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña
Desde que la crisis económica se hizo presente en
España todo son malas noticias para la igualdad. La última de ellas es
que el Gobierno español ha forzado el cierre de ONU Mujeres. El hecho de
que esta agencia de Naciones Unidas no tenga costes económicos para el
Ejecutivo pone de manifiesto el carácter ideológico de esta decisión. Ya
habíamos visto a lo largo de este último año que entre las prioridades
del Partido Popular no estaba la igualdad y mucho menos la igualdad de
género. Y, sin duda, la supresión de ONU Mujeres es un mensaje rotundo
acerca de la voluntad política de este Gobierno respecto de las mujeres.
Con este gesto la derecha comunica a la sociedad española que la
igualdad de género no está en la agenda política del Gobierno.
Sin embargo, el significado simbólico de esta decisión debe ser
correctamente interpretado a fin de descifrar el mensaje que subyace
tras esta medida. En primer lugar, con esta decisión el Gobierno marca
distancias con el movimiento feminista, poniendo de manifiesto que las
organizaciones feministas no son las interlocutoras legítimas de las
mujeres. En segundo lugar, con su política contraria a la igualdad entre
hombres y mujeres da satisfacción a la iglesia católica y a sus
intentos desesperados por acabar con lo que esa reactiva institución
denomina ‘la ideología de género’. En tercer lugar, esta medida debe ser
considerada un aviso para navegantes, pues indica que es el principio
de otras que vendrán después. Y, de hecho, algunas de ellas ya han sido
anunciadas.
La más significativa es la propuesta
'popular' de volver a una ley de aborto de supuestos aún más restrictiva
que la aprobada en 1985. En el año 2010, el gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero derogó la ley de 1985 y promulgó una nueva ley de
salud sexual y reproductiva, en la que se incluía la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo un plazo de 14
semanas para que las mujeres embarazadas pudiesen abortar libremente.
Esta ley fue el resultado de una intensa lucha del movimiento feminista
para que se reconociese la autonomía de las mujeres a la hora de
interrumpir un embarazo. La reivindicación de una ley de plazos ha sido
para el feminismo una cuestión de principios, pues entraña el
reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a tomar las decisiones
sobre su maternidad libremente y sin el sometimiento a ninguna autoridad
ajena a ellas mismas.
Ahora bien, la vuelta a una
ley de supuestos más restrictiva que la de 1985 no es la única medida
anunciada que recorta la libertad de las mujeres. El deseo manifestado
por el ministro Wert de legalizar la segregación de niños y niñas en las
aulas de aquellos colegios que así lo deseen es un golpe a una
concepción educativa presidida por la igualdad. El rechazo ideológico
ampliamente señalado por el PP hacia la acción afirmativa y las cuotas
para que las mujeres accedan a espacios de poder y así quebrar el techo
de cristal es otro golpe, no por esperado menos doloroso.
Estos pronunciamientos ponen sobre la mesa la históricamente difícil
relación entre el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres
con la derecha española. Podríamos argumentar que la relación entre el
feminismo y la derecha no es buena ni lo ha sido nunca. Sin embargo, esa
afirmación se ve desmentida por la práctica y existen varios ejemplos
que lo prueban. Uno de ellos es la despenalización del aborto en Francia
en el año 1975. La promulgación de esta ley tuvo lugar bajo el mandato
de Valery Giscard dÉstaing como presidente de la república y de Simone
Veil como ministra de Salud, Seguridad Social y Familia. Otro ejemplo se
concreta en los pactos entre derecha, izquierda y movimiento feminista
tanto en temas de empleo como en los de salud sexual y reproductiva en
los países escandinavos. Hay más casos, sobre los que no me extenderé,
porque en realidad lo que quiero señalar es la dificultad que tiene la
derecha española para aceptar que el movimiento feminista civiliza la
política y ensancha la democracia con su vindicación política de
derechos.
Por eso es necesario explorar esta falta de
entendimiento que en mi opinión se reducen fundamentalmente a dos
razones. La primera de ellas es que los sectores políticos más
conservadores no han roto por completo el cordón umbilical con el
franquismo. Y el franquismo ha segregado en sus casi cuarenta años de
dictadura una ideología fuertemente misógina hacia las mujeres, tal y
como puede observarse en sus concepciones jurídicas y sociales sobre
las mujeres. Esta ideología impregna fuertemente la concepción
ideológica de la derecha y permea sus decisiones sobre las políticas de
igualdad. Y la segunda razón, no menos preocupante, es la dangereuse liason
entre la derecha y la iglesia católica, pues a través de este vínculo
el fundamentalismo católico proporciona la sustancia moral al discurso
político conservador.
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